Impugnaron la candidatura a intendente de Enrique Picco por una condena por tentativa de estafa

La postulación del candidato de San Luis Somos Todos, Enrique Picco sufrió un traspié al ser impugnado por el ciudadano Francisco Daniel Quiroga.

Según sostuvo en la presentación, el dirigente que se postula por la fuerza que lidera el actual intendente, Enrique Ponce “se encuentra inhabilitado para postularse como candidato a intendente por las causales de inhabilidad moral”.

¿La razón? Fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por el delito de “tentativa de estafa”. La sentencia fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia. Es decir que está firme.

“Estaría absolutamente vigente, atento a resoluciones judiciales que rechazaron en todos sus términos los recursos de quejas y planteos de anulación”, sostiene el texto que ingresó al Tribunal Electoral el 24 de octubre cerca del mediodía.

El caso en cuestión se remonta hace 20 años atrás cuando Picco, su padre y sus hermanos decidieron contratar a la abogada Silvia Celi como patrocinadora para tramitar la sucesión testamentaria de una tía de la familia, Amelia López.

Celi dio detalles de cómo ocurrieron los hechos hasta llegar a la Justicia, en declaraciones a El Chorrillero.

“Nos conocíamos de toda la vida. Allí la familia me extiende el poder general ante un escribano público para realizar el procedimiento”, recordó.

Finalizado el trámite, comenzaron los inconvenientes. Celi les comunicó los honorarios ($50 mil) pero se “negaron a pagarlos porque consideraban que era una estafa”. Además, la acusaron de falsificar firmas. Este planteo fue rechazado por un perito caligráfico.

Siguiendo con el relato, la abogada dijo que después solicitó una “regulación de honorarios” para determinar fehacientemente cuánto debía cobrar. Se dispuso que fije una cifra de $200 mil.

“Los notifiqué por esta suma como corresponde pero no tuve respuestas de pago. Tiempo después me encontré con la sorpresa que Picco y sus hermanos pidieron la nulidad de la sucesión diciendo que nunca había ocurrido, cuando hicimos el inventario juntos”, manifestó.

En ese momento Celi decidió denunciar a la familia por el delito de “tentativa de estafa” tanto en el fuero Civil como en el Penal. También los había acusado por “asociación ilícita” pero este punto no avanzó debido al vencimiento de algunos plazos.

La causa recayó en el juzgado que por entonces estaba a cargo del actual camarista, Jorge Sabaini Zapata.

El 11 de septiembre del 2001 fueron procesados y luego condenados a dos años y medio a prisión en suspenso por el juez de Sentencia, Carlos Varela.

Más allá de esto, Picco presentó diferentes recursos ante la Cámara de Apelaciones pero todos fueron denegados. Ante este panorama decidió acudir a la Corte provincial, donde tampoco obtuvo buenos resultados.

En el 2015 ocurrió un incidente con el expediente del caso en Tribunales: “se perdió”.

“Fue una estupidez. De igual manera tengo la constancia y lo más importante es que las sentencias quedan en el libro de protocolos que cada juzgado tiene”, indicó.

“La Cámara de Apelaciones en su momento dijo que se los inscribieran en el registro de la Nación de reincidencia. A raíz de la pérdida del archivo podría suceder que no se los haya inscripto más allá que fue ordenado por la Justicia”, agregó.

Finalmente, en 2018 la letrada fue notificada a través de  una “interpósita persona” que la familia quería pagarle.

“Les estimé el monto calculado a la actualidad y llegamos a un acuerdo. Pero esto es la pata civil, circunstancia que no tiene nada que ver con la resolución penal”, explicó.

Además, Celi hizo hincapié que el actual candidato a jefe comunal en ese tiempo “ya trabajaba como funcionario” en la Municipalidad. Incluso tuvo “intercambios" con Daniel Pérsico que como intendente era superior de Picco.

“En esa oportunidad le dije, ‘Daniel vos te golpeas el pecho hablando de honestidad, pero tenés varios funcionarios con los dedos manchados’. Él me respondió que era una cuestión entre nosotros dos. Le insistí que Picco estaba procesado y condenado”, recordó.

Ahora, la impugnación está bajo análisis del TEM. Mientras haya una resolución, Picco sigue con su campaña electoral.

Ayer, como candidato del oficialismo municipal y funcionario quedó envuelto en una polémica que involucró a la intendencia que ordenó bajar los carteles publicitarios de dos de sus adversarios. Gastón Hissa y Sergio Tamayo fueron los perjudicados por la quita de los afiches en la vía pública. Esta acción fue ejecutada por trabajadores municipales.